México ha dado pasos importantes para construir un modelo de economía circular, pero el verdadero reto apenas comienza: convertir la legislación en acciones concretas que transformen la manera en que el país produce, consume y aprovecha sus recursos. Esa fue una de las principales conclusiones del foro ¿Ahora qué sigue? Economía Circular en los Estados, organizado por El Economista.

Moderado por Luis Miguel González, Director General Editorial de El Economista, el encuentro reunió a Mayra Hernández, Directora de Asuntos Gubernamentales y Jurídicos de ECOCE; Alhely Rubio Arronis, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, y Gustavo Almaraz, Presidente Ejecutivo de Grupo Estrategia Política Consultores, quienes analizaron los avances y desafíos para implementar la Ley General de Economía Circular en las entidades federativas.

Durante su participación, Mayra Hernández señaló que México atraviesa un momento decisivo para consolidar la economía circular. Explicó que el país ya cuenta con un marco legal que representa un avance significativo, pero advirtió que su éxito dependerá de la coordinación entre la Federación, los gobiernos estatales y municipales, así como de la participación activa de la sociedad.

«México está en un punto coyuntural muy importante. Hemos avanzado en la construcción de una legislación específica en economía circular, pero ahora el gran desafío es lograr que las políticas públicas y la legislación estatal avancen de manera coordinada para que puedan traducirse en resultados.»

Hernández destacó que la economía circular no se limita al manejo de residuos, sino que implica un cambio profundo en la forma en que se diseñan, consumen y aprovechan los productos. Para lograrlo, dijo, es indispensable la corresponsabilidad de productores, autoridades, academia, organizaciones sociales y consumidores.

«Hace más de 24 años la autoridad y la industria decidieron sentarse a construir soluciones en conjunto. Se creó infraestructura, se desarrolló un mercado para los materiales reciclables y hoy existe un sistema de recuperación que sigue creciendo. La economía circular demuestra que la competencia puede dar paso a la colaboración cuando existe un objetivo común. Ahora estamos entrando a una nueva etapa: la legislación hace obligatoria esa transición y eso implica fortalecer los modelos de Responsabilidad Extendida del Productor mediante mayor inversión, más infraestructura y mayores capacidades para cumplir las metas que establezcan las autoridades.»

Explicó que ECOCE impulsa campañas de educación ambiental, programas de recuperación de envases y empaques posconsumo y alianzas con gobiernos estatales y municipales para fortalecer la infraestructura de reciclaje y promover una correcta gestión de los residuos. Además, destacó que generar valor para los materiales reciclables ha permitido consolidar cadenas de aprovechamiento que benefician tanto al medio ambiente como a la economía.

En este contexto, señaló que el nuevo marco legal representa una evolución natural para organizaciones como ECOCE. La Responsabilidad Extendida del Productor deja de ser únicamente un modelo de colaboración para convertirse en un mecanismo indispensable que permitirá a las empresas cumplir con las nuevas obligaciones que establece la ley. Esto requerirá ampliar la infraestructura de recuperación y reciclaje, fortalecer los sistemas de acopio y canalizar nuevas inversiones del sector privado para incrementar las capacidades del país y alcanzar las metas de economía circular.

Por su parte, Alhely Rubio Arronis destacó que la Ley General de Economía Circular ofrece una base sólida para armonizar la legislación en las entidades federativas y definir con claridad las competencias de cada orden de gobierno. Sin embargo, señaló que aún existen retos importantes para el país, entre ellos fortalecer la trazabilidad de los residuos, ampliar la infraestructura para su valorización e incorporar la educación ambiental como un eje permanente de la política pública.

A su vez, Gustavo Almaraz destacó que México cuenta por primera vez con un marco nacional que brinda por primera vez un marco nacional que ofrece mayor certeza jurídica para avanzar hacia un modelo de economía circular y armonizar la implementación en las entidades federativas”. Recordó que actualmente sólo nueve entidades cuentan con legislación vigente en economía circular —cuatro con leyes específicas y cinco con normas que integran residuos y economía circular—, mientras que otras 15 mantienen iniciativas en proceso de discusión. En este contexto, subrayó que el siguiente paso será consolidar un diálogo permanente entre gobiernos, industria y sociedad para lograr una implementación homogénea en todo el país.

Los especialistas coincidieron en que la economía circular representa una oportunidad para impulsar la competitividad, incentivar la innovación, fortalecer nuevas cadenas de valor y aprovechar de manera más eficiente los recursos, además de contribuir a reducir el impacto ambiental.

Al cierre del encuentro, Mayra Hernández hizo un llamado a mantener una visión compartida para acelerar la transición hacia este modelo. «Los beneficios de la economía circular van mucho más allá del cumplimiento regulatorio. Impulsan la innovación, generan nuevos mercados, fortalecen la infraestructura para el reciclaje y promueven una participación más responsable de toda la sociedad. La transición sólo será posible si cada actor asume el papel que le corresponde y trabajamos de manera coordinada.»

Los participantes coincidieron en que la transición hacia la economía circular no dependerá únicamente de contar con nuevas leyes, sino de la capacidad de traducirlas en acciones concretas mediante inversión, infraestructura, innovación y una coordinación permanente entre autoridades, industria y sociedad. En este nuevo escenario, los modelos de Responsabilidad Extendida del Productor serán fundamentales para fortalecer los sistemas de recuperación y reciclaje que permitan cumplir las metas establecidas por la legislación.

Para ECOCE, esta nueva etapa representa la evolución de un modelo que durante más de dos décadas ha demostrado que la colaboración entre industria, autoridades y sociedad genera resultados. Ahora, el desafío será ampliar esas capacidades mediante nuevas inversiones, mayor infraestructura y alianzas estratégicas que permitan consolidar una economía circular donde los materiales permanezcan en uso el mayor tiempo posible, impulsando beneficios ambientales, sociales y económicos para México.