Vivir más, ¿a qué costo? México está envejeciendo: lo muestran las estadísticas y es cada vez más evidente en las familias, los hospitales, los hogares y el mercado laboral. Sin embargo, seguimos hablando del envejecimiento como si se tratara de un problema lejano, que corresponderá resolver a quienes gobiernen dentro de veinte o treinta años. Nos cuesta reconocer que esta transformación ya altera nuestras necesidades económicas, sanitarias y sociales, y que sus consecuencias dependerán, en buena medida, de las decisiones que tomemos hoy.

Envejecer no es una falla del sistema económico ni una responsabilidad atribuible a una generación. Es el resultado de una transformación demográfica asociada a logros sanitarios como la disminución de la fecundidad, al aumento de la esperanza de vida y a los cambios en las condiciones de mortalidad. El problema aparece cuando una sociedad envejece sin haber construido las instituciones necesarias para proteger a su población durante una vida más larga.

Ya desde 2006, Carlos Cruz y coautores presentaban la necesidad de acceso a servicios de Salud en el libro «Hacia un sistema único de salud, una propuesta no autorizada», posteriormente en 2012, Felicia Knaul y coautores analizaban en The Lancet (“The quest for universal health coverage: achieving social protection for all in Mexico”) cómo lograr la cobertura universal y subrayaron que la protección social debía abarcar no solo el acceso a los servicios, sino también la calidad de la atención y la protección financiera frente a la enfermedad. Afiliar a una persona a una institución no garantiza, por sí mismo, que reciba atención efectiva ni que esté protegida frente al gasto que ocasiona enfermarse.

Hoy esa perspectiva debe ampliarse: es insuficiente estudiar la transición epidemiológica y la demográfica como fenómenos aislados. Es necesario incorporar una tercera dimensión, la transición institucional y fiscal, entendida como la transformación de las decisiones del Estado, sus prioridades presupuestarias y los mecanismos mediante los que distribuye riesgos y recursos entre generaciones.

Reconocer este entorno cambiante no detendrá el envejecimiento ni las enfermedades asociadas a él, pero sí puede dar margen para responder.

Envejecer antes de alcanzar el desarrollo

Las cifras muestran la magnitud de la transformación. De acuerdo con estimaciones de CONAPO, México contaba en 2025 con alrededor de 17.1 millones de personas de 60 años y más, equivalentes a 12.8% de la población; la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI registró 19.2 millones (14.7%), un nivel que las proyecciones anticipaban hacia 2030.

Para 2070, se estima una proporción cercana a 34.2%. La Gráfica 1 resume las dos fuerzas detrás de este cambio: la tasa global de fecundidad descendió por debajo del nivel de reemplazo a mediados de la década pasada y se ubica en torno a 1.6 hijos por mujer, mientras que la esperanza de vida, tras caer a 68.9 años en 2021 por la pandemia de COVID-19, se recuperó a 75.9 años. Estas estimaciones dependen de supuestos sobre fecundidad, mortalidad y migración, y deben actualizarse periódicamente, pero la tendencia es inequívoca.

La pirámide poblacional pierde amplitud en su base y adquiere una forma más rectangular. México debe prepararse para una sociedad con proporcionalmente menos niñas, niños y jóvenes, y más personas mayores que necesitarán ingresos, atención sanitaria y, en algunos casos, cuidados de larga duración.

Hay una distinción entre envejecer y envejecer con desarrollo. Los países europeos más desarrollados y algunas economías asiáticas también enfrentan sociedades envejecidas, pero sus capacidades para atenderlas dependen de sus trayectorias históricas de ingreso, productividad, cobertura sanitaria, ahorro, pensiones y servicios públicos. México no puede suponer que tendrá automáticamente esas condiciones cuando alcance una estructura poblacional semejante.

Se enfrenta esta transición con un mercado laboral caracterizado por una elevada informalidad, desigualdades de ingreso persistentes, trayectorias laborales discontinuas y grandes diferencias en el acceso a la seguridad social. Millones de personas han trabajado sin acumular cotizaciones suficientes para obtener una pensión contributiva. Otras llegan a edades avanzadas con enfermedades que requieren atención permanente, pero sin ingresos suficientes para financiarla.

La pregunta no es cuántas personas mayores tendremos, sino con qué condiciones económicas, de salud, de soporte familiar, de redes sociales y sanitarias, llegarán a esa etapa. El envejecimiento debería ser una etapa estable del ciclo de vida, pero puede convertirse en un detonante adicional de desigualdad cuando la longevidad se crece más rápido que los recursos necesarios para sostenerla.

La doble carga epidemiológica: enfermedades crónicas, emergentes y transmisibles.

Uno de los errores al analizar la transición epidemiológica consiste en suponer que, cuando aumenta la importancia de las enfermedades crónicas, las infecciosas dejan de representar un problema relevante. En México, esa sustitución no se ha completado. Seguimos necesitando vigilancia epidemiológica, vacunación, atención materno-infantil y capacidad para responder a brotes de enfermedades transmisibles. Al mismo tiempo, debemos atender una carga elevada de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades cardiovasculares, cuya prevención y tratamiento pueden prolongarse durante décadas.

La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2024 dimensiona el desafío. Entre las personas de 50 años y más, 41.5% reportó hipertensión y 25.5% diabetes; 9.3% presentaba al menos una limitación para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, como hacer compras, preparar alimentos o manejar su dinero. La Gráfica 2 ordena los ocho padecimientos de mayor prevalencia en ese grupo. La encuesta es especialmente valiosa porque permite observar la funcionalidad, no solo contar diagnósticos.

La prevención es esencial y no significa únicamente recomendar comer mejor y hacer ejercicio. Exige crear condiciones para hacerlo y garantizar los tratamientos necesarios: medicamentos esenciales disponibles, atención primaria fortalecida y continuidad terapéutica sin interrupciones o dificultades de acceso. De lo contrario, un diagnóstico puede convertirse en una complicación costosa para la familia y el sistema de salud.

¿Tenemos un sistema de salud preparado para una población envejecida?

México cuenta con instituciones y servicios especializados, pero la pregunta es si la capacidad instalada, los recursos humanos y los modelos de atención son suficientes para responder al cambio demográfico. La atención de los adultos mayores requiere no solo consultas y hospitalizaciones, también necesita: especialistas en geriatra, enfermera geriátrica, fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional, nutrición, atención domiciliaria y cuidados paliativos, y servicios para detectar el deterioro funcional.

No se trata de afirmar que no existen servicios geriátricos, el problema es la insuficiencia y la distribución desigual de las capacidades disponibles frente a las necesidades presentes y futuras. La formación de especialistas debe acompañarse de plazas laborales, infraestructura, equipos multidisciplinarios y mecanismos de referencia entre niveles de atención. Crear programas académicos sin generar los espacios donde puedan trabajar los especialistas, no resolvería el problema.

En paralelo, el sistema de salud debe atender a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos en edad productiva. La transición demográfica no elimina las necesidades de los demás grupos: las superpone y presiona al sistema. No se pueden organizar los servicios a partir de la estructura de edades que tuvo el país hace treinta años ni construir infraestructura pensando solo en la demanda actual. La cobertura efectiva también exige información clínica que acompañe al paciente, mecanismos de referencia funcionales y disponibilidad de medicamentos. Un sistema que diagnostica sin proveer el tratamiento ofrece una protección incompleta. Lo mismo ocurre cuando el hospital resuelve una urgencia, pero la persona vuelve a casa sin rehabilitación ni seguimiento.

La economía del cuidado: vivir más y conservar la autonomía

Hay una dimensión del envejecimiento que preocupa y se discute poco: el cuidado. Se habla de prolongar la esperanza de vida como si el objetivo fuera únicamente alcanzar más años, vivir más no garantiza hacerlo con autonomía ni plenitud. El desafío consiste en aumentar los años de vida saludable y en asegurar que quienes necesiten ayuda puedan recibirla sin empobrecerse ni depender exclusivamente de sus familiares.

Cuidar a una persona mayor puede implicar acompañarla a consultas, administrar medicamentos, preparar alimentos, ayudarla a bañarse, realizar ejercicios de rehabilitación o supervisar actividades cotidianas; en casos de dependencia, durante muchas horas al día. Cuando no existen servicios profesionales suficientes, las familias absorben la responsabilidad. En México, esa carga recae desproporcionadamente sobre las mujeres, que reducen jornadas, abandonan empleos o renuncian a oportunidades de formación.

La ENASEM 2024 encontró que 35% de las personas de 50 años y más cuidaba a menores de 12 años o a personas adultas enfermas o con discapacidad; con un 43.8% realizados por mujeres, frente a 25.1% por hombres. Además, personas que están envejeciendo, como ocurre con el cuidado de nietas y nietos.

Por eso es necesario desarrollar una verdadera economía del cuidado que implica formar y contratar cuidadores profesionales, enfermeras y enfermeros, fisioterapeutas, nutriólogos y especialistas en geriatría. Tal que contemple servicios diurnos, apoyo domiciliario, centros comunitarios y alternativas de «respiro» para las familias cuidadoras. Por ejemplo, una estrategia nutricional efectiva debe considerar preferencias alimentarias, tradiciones familiares, presupuesto y condiciones de salud; la adherencia depende de que las recomendaciones sean realistas.

La economía del cuidado no debe entenderse como un gasto improductivo. Es una actividad indispensable para el funcionamiento de los hogares, la participación laboral y el bienestar social. Reconocerla, profesionalizarla y distribuirla de manera más equitativa permitiría generar empleos y reducir la penalización económica que hoy enfrentan muchas mujeres. Un sistema nacional de cuidados no sustituye a las familias: amplía sus opciones y evita que cuidar implique, necesariamente, sacrificar ingresos, salud y futuro pensionario.

La desigualdad de género no desaparece al jubilarse

Vivir más plantea dilemas específicos: las mujeres tienen mayor esperanza de vida, pero enfrentan la vejez con más carencias económicas y menor acceso a pensiones contributivas. La desigualdad no comienza a los 60 años; es el resultado acumulado de la trayectoria personal y laboral. Las interrupciones laborales relacionadas con la maternidad y el cuidado, los salarios menores, la informalidad y la distribución desigual de las responsabilidades domésticas reducen las oportunidades de acumular ahorro y semanas de cotización; muchas mujeres han trabajado durante décadas sin recibir una remuneración por cuidar a sus hijos, parejas, padres u otros familiares. Cuando llega la vejez, esas restricciones acumuladas se traducen en una menor protección económica.

En 2022, aproximadamente 25% de las mujeres mayores recibía una pensión contributiva, frente a más de 41% de los hombres. Las diferencias no se explican por una menor contribución social de las mujeres, sino por las condiciones en que han participado en el mercado laboral y por la distribución del trabajo no remunerado en el hogar. La mayor esperanza de vida puede significar también más años de exposición a ingresos insuficientes, enfermedades y necesidad de cuidados. Condiciones como viudez y la ausencia de redes de apoyo pueden agravar la vulnerabilidad.

Pensiones contributivas y no contributivas: una presión fiscal creciente

El envejecimiento también transforma las finanzas públicas. Al aumentar la población en edad de retiro, crecen las obligaciones pensionarias y las necesidades de atención sanitaria. El desafío es financiarlas sin comprometer otras funciones esenciales del Estado.

De acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el gasto presupuestado en pensiones y jubilaciones asciende a aproximadamente 1,704 billones de pesos, equivalente a cerca de 24% del gasto programable federal. Las pensiones y jubilaciones absorben la mayor parte del presupuesto de los dos principales institutos de seguridad social del país; el ISSSTE destina el 73% de sus recursos totales a este rubro, mientras que el IMSS dedica el 64%. Esto limita el margen financiero para la atención médica, la infraestructura hospitalaria y el abasto de medicamentos.

A ese compromiso se suman las pensiones no contributivas, entre ellas la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Las cifras de ambos tipos de pensión no siempre se presentan bajo una clasificación única y comparable, por lo que es indispensable comprobar qué programas incluye cada agregado para evitar dobles conteos. Las pensiones contributivas están vinculadas con cotizaciones y con las reglas de los distintos sistemas de seguridad social; sus obligaciones dependen del régimen, la historia laboral, las condiciones de retiro y, en algunos casos, compromisos de legislaciones anteriores. Las no contributivas proporcionan un ingreso básico a quienes no cuentan con una pensión derivada de sus cotizaciones o cuya protección es insuficiente. En un país con alta informalidad, cumplen una función distributiva importante y reducen la vulnerabilidad económica en la vejez.

La Gráfica 3 muestra ese desplazamiento. Con microdatos de la ENIGH, la proporción de personas de 65 años y más con pensión no contributiva pasó de 43.3% en 2018 a 55.8% en 2020, mientras que la cobertura contributiva apenas varió, de 31.2% a 33.4%. En términos reales, el monto de la Pensión para el Bienestar se multiplicó casi cuatro veces entre 2018 y 2025; en 2026 asciende a 3,200 pesos mensuales. La expansión redujo la desprotección, pero no sustituye la acumulación de derechos contributivos.