La Comisión Permanente recibió la iniciativa para expedir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, encaminada a proteger los ecosistemas y enfrentar el cambio climático.

La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para su estudio y dictaminación, según informó la presidenta de la Permanente, Laura Itzel Castillo.

Se trata de un nuevo marco jurídico que habrá de sustituir la legislación ambiental que rige desde 1988 y está rebasada, por lo que se planten nuevas normas que permitan fortalecer las acciones para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental.

En la exposición de motivos se destaca que “la evidencia científica demuestra que la degradación ambiental ha alcanzado niveles que comprometen la estabilidad de los ecosistemas y el bienestar de las personas.

“La pérdida de cobertura forestal, la disminución de poblaciones de especies silvestres, la fragmentación de hábitats, la contaminación del aire, del agua y de los suelos, la expansión de especies invasoras, el deterioro de los ecosistemas costeros, la degradación n de cuencas hidrológicas y el incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos hidro meteorológicos extremos constituyen manifestaciones de una crisis ambiental compleja”.

Ante ello, se advierte que la legislación que data de 1988 ya no es suficiente, a pesar de que se han creado otras leyes en la materia de gestión integral de residuos peligrosos, restauración ambiental y reducción de de la contaminación no es suficiente, además de que los instrumentos jurídicos internacionales han evolucionado y se requiere una actualización.

Frente a este panorama, “el modelo regulatorio tradicional, centrado exclusivamente en la autorización de actividades y el control de emisiones, resulta insuficiente. La política ambiental contemporánea exige fortalecer las acciones de prevención, restauración, , compensación ambiental, conservación de la biodiversidad, procuración de justicia ambiental y recuperación de los servicios ecosistémicos”.

La nueva ley reconoce que la política ambiental debe sustentarse en criterios científicos, técnicos, económicos,y sociales, permitiendo que las decisiones gubernamentales incorporen la mejor información disponible para prevenir daños irreversible al ambiente.

Por ello, la iniciativa sustituye una visión predominantemente reactiva por un modelo preventivo, restaurativo y basado en derechos humanos, fortaleciendo las capacidades institucionales del sector ambiental y dotando a las autoridades de herramientas jurídicas más eficaces para garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano”.

Uno de los puntos torales es la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, ya que México es reconocido como uno de los países megadiversos del planeta, dado que su territorio alberga aproximadamente el 10 por ciento de la biodiversidad mundial, por lo que impone al Estado mexicano responsabilidades especiales en esa materia.

La pérdida y fragmentación de ecosistemas, la disminución de poblaciones de especies silvestres y el deterioro de servicios ecosistémicos representan riesgos crecientes para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la resiliencia frente al cambio climático y el bienestar de la población.

Otra modificación relevante en la iniciativa es para fortalecer el régimen jurídico aplicable a las autorizaciones en materia de impacto ambiental, cambio de uso del suelo en terrenos forestales, emisiones a la atmósfera y demás instrumentos de control ambiental, incorporando criterios homogéneos para la prevención, mitigación, compensación y restauración ambiental, asi como la obligación de valorar los efectos acumulativos, sinérgicos, residuales y de largo plazo de las obras y actividades sujetas a autorización.

Se actualiza asimismo el régimen jurídico de las Áreas Naturales Protegidas, fortaleciendo su administración, manejo y restauración, así como de la atmósfera y la calidad del aire.

Igualmente, otro de los objetivos centrales de la iniciativa es transformar el modelo de procuración de justicia ambiental, previsto en la legislación actual, con el propósito de dotar al Estado, mexicano, de instituciones e instrumentos capaces de prevenir, investigar, corregir, sancionar y reparar oportunamente las afectaciones al ambiente.

Se destaca que la eficacia de una política pública no depende únicamente de la existencia de normas sustantivas que regulan el aprovechamiento de los recursos naturales, sino también de la capacidad institucional para garantizar su cumplimiento efectivo.

Se incorpora el concepto de “compensación ambiental”, toda vez que, se resalta , “la protección del ambiente no puede sustentarse exclusivamente en instrumentos prohibitivos, regulatorios o sancionadores, por lo que resulta necesario complementar estos mecanismos con incentivos económicos que promuevan conductas ambientales, responsables, favorezcan, inversiones sostenibles y contribuyen a la conservación y restauración de los ecosistemas”.