La necesidad de contar con una política pública de inclusión financiera para reducir desigualdad, para fortalecer movilidad social y para construir un sistema más competitivo, transparente y resiliente fue la conclusión del primer conversatorio del Ciclo de Finanzas Sociales organizado por Financiera del Bienestar (Finabien), en el marco de la Semana Fintech.

Mientras otros países de la región —particularmente Brasil— han logrado acelerar la digitalización de pagos, ampliar la tenencia de cuentas y reducir brechas, México mantiene rezagos importantes en acceso, uso, conectividad y articulación institucional.

Lo anterior emana del documento “Hacia una Política Pública para la Inclusión Financiera: Oportunidades y Retos para México”, elaborado por SXXII. Derecho y Tecnología A.C. que fue el estudio referente en el evento.

Rocío Mejía Flores, directora general de Finabien, al dar la bienvenida, afirmó que para fortalecer la economía popular y las finanzas sociales se requiere impulsar herramientas digitales accesibles y de bajo costo a los pequeños comercios u oferentes de servicios, para aceptar pagos electrónicos.

“Queremos que la digitalización no sea un privilegio, sino que sea una herramienta accesible”, mencionó.

Beatriz Durán, directora de Asuntos Institucionales y Comunicaciones de Puntored, fue quien moderó el panel y destacó los cuatro ejes del estudio realizado por el equipo de Investigación Siglo XXII.Derecho y Tecnología integrado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE):

1)  La salud financiera de la población mexicana.

2)  Los beneficios económicos y sociales de digitalizar servicios financieros.

3)  La comparación regulatoria México–Brasil.

4)  La necesidad de una política pública integral.

Los investigadores presentes -la Mtra. Alejandra Cullen, el Mtro. Álvaro Vértiz, el Dr. Víctor G. Carreón y el Dr. Pedro Salazar Ugarte- destacaron diferentes hallazgos del estudio como son:

• Rezago en el uso de servicios financieros de las mujeres y en comunidades alejadas;
• Alta dependencia del pago en efectivo;
• Ahorro informal y inseguridad que conlleva;
• Barrera de acceso tecnológico (sistemas que sólo operan en 5G);
• Falta de regulación coordinada que integre a todas las entidades.

De acuerdo con Alejandra Cullen, el estudio busca resaltar cómo la tecnología es una pieza clave del acceso a la inclusión financiera que, combinada con educación, puede lograr aumentar su uso.

“Inclusión no es abrir cuentas. Inclusión es uso, confianza y capacidad de generar movilidad económica, ya que si la cuenta no se usa, no transforma”, mencionó.

También dio a conocer datos relevantes, como que el 85% de las transacciones de menos de 500 pesos se hacen en efectivo y el 73% para compras mayores. En zonas rurales se eleva a más del 90 por ciento.

Otras problemáticas son que la gente pasa hasta 2 horas y gasta para poder convertir su apoyo gubernamental (45% de las familias en México) o remesa en efectivo; además del riesgo de lavado de dinero, evasión fiscal, economía informal e inseguridad para la población por billetes falsos o robo.

Álvaro Vertiz enfatizó que la lección parece ser la búsqueda de nuevos esquemas regulatorios con un enfoque flexible y adaptable, que mantenga un diálogo constante con la industria.

“Las rigideces inhiben la innovación o promueven los mercados negros, por lo que se debe proteger al usuario y fomentar la integración de la industria en su conjunto. Entender que la inclusión financiera no es un programa social, es una política económica de largo plazo. El gobierno podría ser ese punto de quiebre que nos ayude a ponernos de acuerdo”, destacó.

Los costos de la no digitalización fueron destacados por Víctor Carreón en el caso de las mujeres y las comunidades rurales, que tienen nulo acceso al crédito formal.

“La tecnología detrás de las fintechs o empresas financieras digitales que ofrecen servicios financieros tienen una enorme ventaja: no necesitan infraestructura física, pueden llegar más fácil a los consumidores, pero se enfrentan con la regulación, porque el piso no está parejo”.

Pedro Salazar refirió las buenas prácticas de otros países que han adecuado sus políticas regulatorias para aprovechar la tecnología y permitir a las personas realizar transacciones financieras de manera segura, transparente e incluyente.

Cifras comparativas

En Brasil, 84% de la población cuenta con un producto financiero, mientras que en México, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) refiere el 76.5% en 2024, año del comparativo.

Los pagos digitales mediante Pix, los realiza 76.5% de los brasileños, frente al 69.1% de los mexicanos, quienes tienen limitado acceso o baja adopción del SPEI, CoDi y Dimo.

En resumen, Brasil avanzó con rapidez gracias a una regulación flexible y la adopción masiva de pagos digitales (Pix, Open Finance), mientras México mantiene un rezago por su enfoque regulatorio conservador, por baja conectividad y por la dependencia del efectivo.

El documento enfatiza que México debe adoptar una política pública integral que priorice la inclusión financiera. Los eslabones de la regulación, la tecnología y la educación financiera pueden mejorar la vida de millones de personas.