En las últimas semanas se ha reavivado el debate de los vapeadores en México, especialmente tras el anuncio de que la Cámara de Diputados alista la discusión de la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, en materia de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos. Ante este escenario, el país se encuentra frente a una disyuntiva histórica clave: regular o prohibir toda una industria.

Uno de los principales problemas del prohibicionismo es que, a pesar de su buena intención, ha fomentado y promovido el mercado negro, mientras que un esquema regulatorio lo ordena, lo asegura y garantiza ingresos tributarios para el Estado Mexicano. Contar con normas claras, trazabilidad e inspección sanitaria efectiva permitiría reducir el contrabando, proteger mejor a menores de edad y garantizar la seguridad y calidad de los productos para los consumidores adultos. Regular es la mejor alternativa para proteger la salud pública.

“Aunque la prohibición en abstracto ya se incorporó a la Constitución, será la ley secundaria la que defina su alcance, detalle, límites y mecanismos”, Alberto Gómez Hernández, Policy Manager de la World Vapers’ Alliance. “La evidencia es clara: prohibir no protege. Lo que México necesita es una regulación inteligente que garantice el acceso seguro a los adultos y elimine el mercado ilegal que hoy crece sin control. El país tiene la oportunidad de crear un modelo equilibrado, con licencias, estándares de calidad y venta exclusiva a mayores de edad», añadió.

Para avanzar hacia una regulación responsable, el primer paso es comprender los riesgos para la salud, pues ese es el eje de la discusión actual. Diversos estudios —como los realizados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos—sostienen que vapear puede ser menos perjudicial que fumar tabaco convencional. En el mismo sentido, el gobierno del Reino Unido por medio de su Instituto Nacional de Salud (NHS) ha dado seguimiento continuo a las investigaciones sobre el vapeo, reafirmando en su revisión de 2022 que este tipo de dispositivos presentan un 95% menos de daño que el tabaco, una cifra que ha sido estudiada desde 2015. Es más, la misma Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha apoyado la regulación de la categoría en países como Colombia, Chile, Perú entre otros.

Ahora bien, la discusión se puede ampliar más allá del componente sanitario, ya que la regulación también podría abrir una oportunidad fiscal significativa. De acuerdo con el estudio El mercado de los cigarrillos electrónicos en México. Valor de mercado y recaudación potencial (2025), elaborado por El Colegio de México, la implementación de un IEPS sobre los cigarrillos electrónicos podría generar hasta 6,940,915,526 pesos anuales.

Con la discusión de reforma a la Ley General de Salud en puerta, es fundamental reconocer que la efectividad de la prohibición constitucional dependerá de que el Congreso apruebe un marco normativo con reglas claras y mecanismos de inspección federales y estatales. «Esta es una oportunidad única para dejar atrás un modelo prohibicionista que no funciona y construir una política moderna, centrada en las personas. Regular con inteligencia no solo salva vidas, también fortalece la economía y reduce el crimen”, concluyó Gómez.