A pocas semanas de que inicie la COP30 en Belém, Brasil, el tema del financiamiento climático se perfila como el más determinante —y, al mismo tiempo, el más conflictivo— de la cumbre. Si en ediciones anteriores el debate se centró en compromisos de reducción de emisiones, en esta ocasión los ojos estarán puestos en cómo se pagará la transición energética, la adaptación y la justicia climática, sobre todo en los países del Sur Global.

De la promesa a la implementación

Desde 2009, los países desarrollados se comprometieron a movilizar US$100 mil millones anuales en apoyo a las naciones en desarrollo para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, más de una década después, esa meta es apenas una parte del camino y, lo que es más preocupante, resulta insuficiente frente a las necesidades actuales.

La ONU explica que el financiamiento climático cumple dos funciones críticas: Ayudar a los países a reducir emisiones mediante inversiones en energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio.

Permitir que las comunidades se adapten al cambio climático y reduzcan su vulnerabilidad frente a eventos extremos, sequías, inundaciones, o pérdidas y daños.

En América Latina y el Caribe, los expertos estiman que la región requerirá más de US$240 mil millones anuales hasta 2030 para cumplir con sus metas climáticas. Esto genera un desafío mayúsculo: financiar la transición sin acentuar la desigualdad ni dejar de lado la adaptación.

Brasil propone un nuevo marco financiero global

La presidencia brasileña de la COP30, encabezada por el embajador André Corrêa do Lago, ha insistido en que el sistema de financiamiento actual “ya no responde a la escala del desafío climático”. En su cuarta carta oficial, el diplomático llamó a establecer una nueva arquitectura financiera internacional que no solo amplíe el volumen de recursos, sino que los dirija de manera más justa y eficiente.

Entre las propuestas que llegarán a Belém figura la creación de un Fondo Global de Implementación Climática, diseñado para canalizar recursos públicos y privados hacia proyectos de mitigación, restauración de ecosistemas y resiliencia urbana. Estas iniciativas alinean con la visión de la ONU de que los flujos financieros deben moverse “a gran escala” si se quiere cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

El papel del sector privado y los bancos multilaterales

Otro eje que dominará las discusiones es la movilización del capital privado. Instituciones como el IDB Invest o el Banco Mundial han comenzado a impulsar instrumentos financieros mixtos —bonos verdes, alianzas público-privadas— que buscan cerrar la brecha de financiamiento.

Un ejemplo reciente es el crédito de US$100 millones otorgado por IDB Invest a la empresa Liberty Costa Rica para expandir su infraestructura 5G y de fibra óptica, considerado un modelo de cómo la digitalización puede contribuir a la resiliencia económica y ambiental.

La ONU advierte que, aunque existen suficientes recursos globales —capital disponible y liquidez— el principal obstáculo es cómo se movilizan esos recursos hacia proyectos en países en desarrollo, y con qué eficacia.

América Latina: oportunidades y riesgos

La región llega a la COP30 con una doble condición: es uno de los territorios más vulnerables al cambio climático, pero también uno de los que más oportunidades ofrece en energías renovables, agricultura sostenible y conservación de bosques.

Países como Brasil, Colombia, Chile y Costa Rica han avanzado en esquemas de financiamiento verde, pero otros aún dependen de fondos internacionales o de deuda externa. El desafío regional será acordar posiciones comunes que impulsen un acceso más equitativo a los recursos y fortalezcan la cooperación Sur-Sur.

Además, la ONU-UNFCCC señala que los flujos de financiamiento para adaptación siguen siendo considerablemente menores que los de mitigación: esto plantea un riesgo para países con alta vulnerabilidad, pues la falta de recursos para adaptación implica mayores costos humanos y económicos.

El dilema del dinero

Más allá de la retórica, el financiamiento será la medida del éxito o fracaso de la COP30. La conferencia podría marcar un antes y un después si logra establecer un marco vinculante y transparente que asegure el flujo de recursos hacia donde más se necesitan.

En palabras de Corrêa do Lago: “La credibilidad de la acción climática dependerá de nuestra capacidad para financiarla”.

Belém no solo será el punto de encuentro de gobiernos y expertos, sino el termómetro de la voluntad política y económica global para transformar las promesas en realidades tangibles.