En un momento en el que México se posiciona como país de origen, tránsito, retorno y destino migratorio, Ayuda en Acción México presenta su informe: “Arraigo: Inmovilidad en contextos frágiles”, en el que se revelan los factores estructurales que impiden a miles de personas migrantes tomar decisiones libres sobre su movilidad.

En el caso de nuestro país, el estudio muestra que la precariedad jurídica, la falta de documentación, y el miedo a la detención o deportación han generado una forma de inmovilidad urbana forzada, particularmente en la Ciudad de México.

“La inmovilidad en México no es una elección libre, sino una condición impuesta por barreras legales y ausencia institucional. Es urgente reconocerla como una situación de riesgo”, advierte el informe.

El estudio, basado en los resultados de 351 encuestas, entrevistas y grupos focales realizados en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, identifica una situación crítica: muchas personas migrantes en tránsito, principalmente provenientes de Venezuela, Cuba y Centroamérica, no pueden avanzar ni establecerse, debido a barreras legales, amenazas de deportación y desconfianza institucional.

Lejos de reflejar un arraigo voluntario, el informe documenta que el 44% de las personas encuestadas forman parte de un segmento denominado “aspirantes estructuralmente bloqueados”: migrantes y retornados que, por barreras legales, económicas e institucionales, permanecen inmovilizados en entornos urbanos sin posibilidades reales de avanzar ni de asentarse formalmente.

“Hoy, miles de personas están atrapadas en un limbo legal y humano. No se trata solo de quienes cruzan fronteras, sino de quienes se ven obligadas a quedarse sin medios para vivir con dignidad. Este informe es un llamado de atención: la inmovilidad es también una forma de violencia estructural, y México no puede seguir ignorándola”, afirmó Tania Rodríguez Zafra, directora general de Ayuda en Acción México.

Algunos de los factores de inmovilidad identificados en el estudio son:

• Precariedad jurídica y miedo: muchas personas, especialmente de Centroamérica y Venezuela, enfrentan la falta de documentación legal, riesgo constante de detención o deportación, y una profunda desconfianza institucional (solo 1.7 de cada 4 personas confía en las autoridades).
• Inmovilidad urbana liminal: las personas no están arraigadas por voluntad propia, sino bloqueadas estructuralmente. No pueden avanzar, pero tampoco establecerse en condiciones dignas.
• Condicionamientos de género: la inmovilidad tiene un rostro predominantemente femenino. Las mujeres cuidadoras son las más afectadas por la falta de redes de apoyo, la carga del trabajo no remunerado y normas sociales restrictivas que obstaculizan su movilidad.

El informe se presenta en un contexto migratorio nacional marcado por una movilidad compleja y tensionada. Tan solo en 2022, alrededor de 450,000 personas cruzaron de forma irregular el territorio mexicano, destacando que el 22% eran venezolanas, el 16% hondureñas y el 15% guatemaltecas. Un año después, en 2023, México registró un récord histórico de más de 140,000 solicitudes de asilo provenientes de más de 100 países, reflejo de su creciente papel como país de destino y refugio.

Al mismo tiempo, más de 211,000 personas mexicanas fueron deportadas desde Estados Unidos, lo que subraya la dimensión de retorno forzado en la dinámica migratoria. Internamente, el país también enfrenta fenómenos de desplazamiento: se contabilizaron 42 eventos de desplazamiento masivo, ocasionados por violencia o desastres, que afectaron a más de 10,800 personas.

Frente a esta situación de inmovilidad forzada e invisibilizada, Ayuda en Acción México propone acciones urgentes:

• Impulsar oportunidades económicas con enfoque de género y juventud.
• Capacitar a jóvenes en habilidades para la vida, empleo y planificación.

Implementar unidades móviles de asesoría legal para personas migrantes y retornadas.

En el plano de política pública:

• Reactivar la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) como instrumento de protección.
• Garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, independientemente del estatus migratorio.
• Integrar a las poblaciones inmovilizadas en programas sociales urbanos, especialmente en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
• Desarrollar políticas de cuidado urbano con enfoque en mujeres cuidadoras y personas retornadas.

El informe “Arraigo: Inmovilidad en contextos frágiles” de Ayuda en Acción, propone mirar más allá del tránsito migrante visible, y reconocer la realidad de quienes, por miedo, ausencia de documentos o cuidado familiar, han quedado inmovilizados en el silencio.