La COP30 deja una sensación dulce al concluir con un importante avance en materia de transición justa, pero con deudas en los otros elementos de la negociación. Para la sociedad civil de América Latina y el Caribe, articulada en Climate Action Network América Latina (CANLA), el proceso y el resultado final no dan las señales necesarias para fortalecer la confianza en el multilateralismo, ni están a la altura de la crisis.

En primer lugar, CANLA lamenta que la COP30 no consolidara una discusión sólida sobre la provisión de financiamiento público y de calidad bajo el artículo 9.1, pese a ser una reclamación legítima, necesaria y colectiva del Sur Global. La inclusión de esta conversación en el Mutirão termina diluyendo la obligación jurídica de los países desarrollados de proveer financiamiento y asegurar que este sea previsible y de calidad. Ubicar el 9.1 “en el contexto del artículo 9 en su conjunto” desplaza la responsabilidad hacia un terreno más amplio y políticamente cómodo, dejando un programa de trabajo sin modalidades, sin cronograma y sin productos claros, contribuyendo a dilatar una conversación sustantiva sobre el tema

En segundo lugar, la adopción de los indicadores de adaptación (aunque marcada por inconsistencias técnicas) fue un paso necesario para avanzar hacia la fase de implementación. La llamada Visión Belém-Addis ofrece ahora una oportunidad clave para corregir estas fallas y asegurar que el marco sea operativo de aquí a 2027. Sin embargo, la decisión de triplicar el financiamiento para la adaptación a 2035 llegó con la menor ambición posible y sin claridad sobre el rol que deben asumir los países desarrollados para cumplirla ni garantías de que los recursos respondan a las necesidades reales de los países en desarrollo. La región insistió —y lo seguirá haciendo— en que la adaptación no puede seguir dependiendo de compromisos vagos ni financiamiento incierto; no pedimos caridad, exigimos responsabilidad.

Tercero, la creación de un mecanismo en el marco del Programa de Trabajo de Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés) representa una victoria política significativa para América Latina, al lograr por primera vez un espacio dedicado que reconoce la transición justa como un componente central para implementar el Acuerdo de París y el Balance Global. El texto incorpora la mayoría de los principios propuestos por la sociedad civil, proporcionando una base sustantiva desde la cual avanzar. Además, invita a los países a integrar rutas a nivel nacional y reconoce la necesidad de financiamiento adicional y altamente concesional. Sin embargo, el mecanismo quedó establecido sin un marco holístico que articule plenamente estos principios y su operacionalización se aplaza a la COP31 con entrega final en la COP32. A pesar de su potencial transformador, el mecanismo aún carece de salvaguardas y directrices de gobernanza, dejando brechas que deberán cerrarse para garantizar que la transición sea realmente justa en los territorios que más la necesitan.

Finalmente, aunque la Presidencia lanzó iniciativas sobre la transición fuera de los combustibles fósiles y sobre una posible ruta para detener y revertir la deforestación hacia 2030, ninguna de ellas quedó reflejada como decisión oficial de la COP30. Que propuestas tan estratégicas permanezcan únicamente como “iniciativas presidenciales” —sin mandato, sin cronograma y sin seguimiento garantizado— revela un vacío político significativo: aquello que la comunidad internacional más necesita quedó sin fuerza vinculante. Esto resulta aún más evidente cuando se contrasta con la coherencia mostrada por países como Colombia, que impulsó de manera firme la creación de una hoja de ruta para la salida global de los combustibles fósiles y defendió este mensaje dentro y fuera de la sala de negociación. Además, la situación contrasta con la advertencia inequívoca de la Corte Internacional de Justicia: seguir subsidiando y expandiendo la explotación fósil podría constituir una violación del derecho internacional. Al no adoptar estas rutas dentro del marco formal de la decisión, la COP30 dejó fuera del texto aquello que podría haber enviado una señal histórica de coherencia climática, justicia climática y protección de nuestros ecosistemas.

CANLA reafirma un mensaje que lleva meses defendiendo: declarar la Amazonía como zona de exclusión de combustibles fósiles enviaría una señal política clara y urgente. América Latina debe estar dispuesta a frenar la expansión fósil donde más importa. Avanzar hacia zonas de exclusión en ecosistemas fundamentales para la estabilidad climática es el paso lógico y valiente que la región debe consolidar para inspirar al resto del mundo.

La COP30 se cierra, pero la lucha política continúa.