De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarán en un nivel de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB), menor al nivel histórico de 5.7% observado en el 2024.

Este año ha estado marcado por una debilidad económica nacional en un contexto de incertidumbre asociada a la implementación de la reforma judicial y la política comercial de Estados Unidos, la cual ha impactado no solamente a la inversión sino también a la generación de empleo formal y al consumo nacional.

Los primeros dos aspectos mencionados y el complejo entorno económico internacional implicarán un menor margen de maniobra para el gobierno federal de materializarse un escenario con menores ingresos públicos a los previstos.

El elevado déficit público del año pasado, el más alto en los últimos 40 años, hace imperativo continuar con la consolidación fiscal ya en marcha, pero deja al gobierno federal sin ninguna posibilidad para implementar una política fiscal contracíclica.

Sin embargo, y pese a los recortes al gasto público que se han reportado en lo que va del 2025, para este año se espera que el déficit fiscal se ubique en un nivel de 4.3% del PIB, mayor al aprobado por el Congreso de la Unión de 3.9% del PIB.

Reforma Fiscal

En el mediano plazo será necesaria una reforma fiscal al considerar que las presiones sobre el gasto público continuarán por la ampliación de los programas sociales y el pago de pensiones. Asimismo, el gobierno transferirá a Pemex 263,500 millones de pesos en 2026 para amortizaciones de deuda y créditos bancarios, con lo que se podrán enfrentar los vencimientos de deuda del año. El costo del servicio de la deuda pública aumentará de 3.8% del PIB este año a 4.1% en 2026, lo cual reducirá aún más el espacio fiscal. Aún está por verse si la compañía petrolera ya no requerirá apoyo gubernamental a partir de 2027.

Todo lo anterior considerando que México es el país con la menor recaudación tributaria (% del PIB) de la OCDE y una de las más bajas en América Latina y que para mantener la disciplina fiscal se ha reducido en años recientes el presupuesto para salud y educación, lo cual afectará el crecimiento potencial del país y limitará la movilidad social. Por ejemplo, para el año próximo se plantea un presupuesto del sector salud de solamente 2.6% del PIB mientras que el promedio de países de la OCDE destina en promedio 9%.